El 17 de diciembre, por fin, se publicó́ la modificación en el Código Penal para la erradicación de las esterilizaciones forzosas a mujeres con discapacidad en España. Tras años de reivindicaciones de las entidades y personas con discapacidad, sobre todo de las mujeres, queda prohibida esta práctica desde el 18 de diciembre.
El Pleno del Senado aprobó ese miércoles la proposición de ley que modifica el Código Penal para ilegalizar las esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, con 259 votos a favor y 2 abstenciones. Una cosa buena a destacar de este 2020.
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Esterilización forzosa en España
España se comprometió a emprender esta reforma al firmar y ratificar hace más de una década la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que exige que los estados pongan fin a las prácticas discriminatorias relativas a la familia, la paternidad y la fertilidad de este colectivo. Sin embargo, más de diez años después de la entrada en vigor de la ley de esterilización en España, se siguen realizando esterilizaciones forzosas. Además, en la última década, la esterilización femenina en España ha afectado a un millar de mujeres.
Las esterilización forzosa en mujeres con discapacidad es una forma de violencia y contraria a diversos tratados internacionales de derechos humanos. Solo durante 2017 se realizaron 93 esterilizaciones de personas incapacitadas judicialmente, llegando a producirse más de 1000 durante los últimos 10 años, y aunque el dato no se disgrega por sexos, diferentes fuentes, entre ellas la Fundación Cermi Mujeres, tienen la constancia de que mayoritariamente se trata de mujeres con discapacidad.
Las niñas y mujeres con discapacidad se enfrentan a violaciones graves de los derechos humanos en la esfera de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Se les suele impedir tomar decisiones por sí mismas sobre su salud sexual y reproductiva y se ven sistemáticamente expuestas a violencia, abuso y prácticas nocivas como la anticoncepción forzada, el aborto forzado y la esterilización forzada.
Como dice el documento Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad de la Fundación Cermi Mujeres, el hecho de que el procedimiento pueda haber sido autorizado por la ley no esconde la realidad de que una mujer con discapacidad, normalmente una mujer muy joven, ha sido sometida a una intervención médica innecesaria y no terapéutica para quitarle un órgano que es esencial para la salud sexual y reproductiva.
Existe un gran estigma asociado a la esterilización y la pérdida de la fertilidad y, además, la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad psicosocial puede traumatizar o volver a traumatizar a la víctima y acarrear consecuencias para su salud mental para toda la vida.
Con independencia de que sea una decisión judicial la que autorice la esterilización, si ésta no cuenta con el consentimiento informado de quien la va a sufrir, será siempre sin consentimiento y, por tanto, carente de ética.
Entre las experiencias de las mujeres afectadas por la esterilización forzosa demuestran que su práctica se enmarca en un modelo paternalista y de un sistema patriarcal donde se deniega a las mujeres con discapacidad sus derechos humanos y de reproducción.
Esto incluye la exclusión de la asistencia sanitaria apropiada en materia de salud reproductiva y de los programas de detección en materia de salud sexual, restricciones en la elección de métodos anticonceptivos, una tendencia a suprimir la menstruación, carencias en la gestión del embarazo y el parto, abortos selectivos o forzados, y la denegación del derecho a ser madre.
Muchas mujeres ni siquiera saben que las han esterilizado o que están en ese proceso cuando, por ejemplo, se les aplican inyecciones o parches sin su consentimiento.
Es necesario que las mujeres, y en este caso con discapacidad, puedan decidir sobre su propio cuerpo.
Por ello, este paso que hemos conseguido todas las mujeres con discapacidad, apoyadas por las entidades y personas del colectivo, es un paso histórico en la legislación española sobre los derechos de las personas con discapacidad y, sobre todo, los de las mujeres, las más afectadas.
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